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marzo 26 de 2023 – 08:00 p. m.

2023-03-26

2023-03-26

El país se encuentra en medio de la discusión de si se requieren o no nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas. Si bien el gobierno de Gustavo Petro ha sostenido que no se otorgarán por el momento, en días pasados los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Comercio señalaron que con base en el Informe de Recursos y Reservas que presentará la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en mayo se usará para tomar futuras determinaciones.

(Las críticas de César Gaviria a la política energética del Gobierno). 

Dentro de los varios factores que tomarán en cuenta las carteras están la vida útil de las reservas y el estado de los contratos ya otorgados.

Por esto, toman relevancia cifras como la de trámites de cancelación de contratos. En los últimos 12 años se han otorgado 162 contratos petroleros y se han iniciado trámites de cancelación de 67, según cifras de la Agencia. Esto quiere decir que por cada 2,4 contratos entregados en este rango, otro ya vigente ha pedido terminación.

De acuerdo con la entidad, el país tiene 330 contratos firmados para la exploración y producción de petróleo y gas, de estos, la cartera de Minas y Energía ya ha señalado que buscará reactivar cerca de 32 contratos que se encuentran detenidos, por motivos principalmente de orden social.

Las terminaciones de contratos de hidrocarburos son un proceso normal dentro de la asignación misma de áreas. Estos responden a motivaciones sociales, ambientales, de orden público o discrecionalidad de las compañías.

Durante 2022, por ejemplo, se asignaron 32 contratos y de igual forma se iniciaron trámites de terminación para otros 9.

(Crece conflictividad en zonas petroleras y mineras del país).  

Andrés Bitar, vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH afirmó durante su participación en Colombia genera que “algo como industria estamos haciendo mal si, por un lado adjudicamos unos contratos, pero al tiempo estamos recibiendo solicitudes de terminación”.

Explicó que si bien es normal que haya terminaciones, lo cierto es que esto también refleja una serie de retos de socialización en las regiones, con el fin de que las comunidades reconozcan los aportes de las compañías y los beneficios que se pueden brindar a las zonas aledañas.

Ahora bien, al analizar los datos se evidencia que desde 2012 se han pedido entre una y 13 terminaciones por año, siendo 2018 cuando se alcanzó el máximo de solicitudes.

Desde entonces ha habido alzas y bajas en estas; por ejemplo, en 2022 se pidieron nueve y en lo corrido de este año ya va una.

Este es el caso de Emerald Energy que enfrentó una situación de orden público, notificó a la ANH la solicitud de suspensión del contrato de exploración y producción Ombú, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022.

De los 67 contratos que desde 2012 están en terminación, 52% de estos se explican por dos motivos: fase vencida y autonomía del contratista, siendo las causales de 18 y 17 de las solicitudes respectivamente.

Bitar apunta que en el caso de fase vencida, este hace referencia a los casos en los que las petroleras tienen compromisos pendientes una vez terminó su fase, por lo que la ANH hace un seguimiento de este.

(Las cartas con las que Emerald buscó evitar toma de campo petrolero). ​

“El contrato establece que si se vence el plazo sin presentarse un aviso de descubrimiento, programa de evaluación o declaración de comercialidad, este queda inmerso en esta causal”, aclaró.

Por su parte la autonomía del contratista refiere a la libertad que tienen las compañías de dar por terminado un contrato por motivaciones internas a renunciar al área.

De hecho, bajo esta causal fue que Emerald Energy renunció al área que tenía asignada en San Vicente del Caguán.

Con respecto a las situaciones de orden público, la Agencia reconoce una serie de categorías referentes a estas dificultades. Solo las situaciones de orden público han significado ocho de las solicitudes.

Por su parte, la categoría de orden público y conflictividad social ha significado una cancelación desde 2012. Ahora, las situaciones de orden público y restricciones ambientales han llevado a la terminación de uno.

Otra categoría que reconoce la ANH es la conflictividad social, que ha llevado a un caso. Por su parte la conflictividad sumado a restricciones ambientales ha significado tres.

Bitar resaltó que el gobierno sigue trabajando en viabilizar los contratos que ya hoy están suscritos. Para esto, se han destinado cerca de $45.000 millones cada año por los próximos cuatro años para lograr que los que ya están puedan producir. Esto para el caso, por ejemplo de los contratos que están suspendidos y que anunciaron que buscarían sacar adelante.

Emerald Energy notificó a la ANH la solicitud de suspensión del contrato de exploración y producción Ombú, en Caquetá, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022. El Ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que el Gobierno “revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de la empresa y realizará conversaciones del más alto nivel con la Embajada China y la empresa para buscarle una salida al conflicto”.

DANIELA MORALES SOLER

PORTAFOLIO

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marzo 26 de 2023 – 08:00 p. m.

2023-03-26

2023-03-26

Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, comanda hoy dos de las grandes reformas que tiene el Gobierno de Gustavo Petro: la pensional y la laboral. La titular de la cartera tiene sobre sus hombros la tarea de reformar buena parte del sistema de seguridad social, y ha sido enfática en la necesidad de un modelo que responda a las necesidades de los trabajadores y garantice su protección en la vejez.

(‘Queremos empresas sólidas pero sin precarización laboral’: Mintrabajo). 

La Ministra conversó con Portafolio sobre los dos proyectos y atajó las críticas que ha recibido desde varios frentes.

Ya el Gobierno radicó las dos reformas, ¿qué espera del trámite legislativo?

Estamos esperando que en el menor tiempo posible pasen su proceso legislativo y los debates pertinentes. Ya estamos en el campo del Congreso de la República y nosotros estaremos allí defendiendo estos proyectos que hemos construido con muchas convicciones, pero sobre todo, con una muy buena participación.

¿Cuál es su diagnóstico del mercado laboral colombiano?

Es un mercado laboral que no es funcional todavía, que muestra el fracaso de las políticas de desarrollo económico que ha tenido el país hasta ahora y con las propuestas que tiene el presidente Gustavo Petro seguramente vamos a avanzar y sobre esa base están fincadas todas nuestras reformas.

Una crítica que ha recibido la reforma laboral es que incrementaría los costos de las empresas, y por ende afectaría la contratación formal, ¿cree que es un riesgo?

En el año 2003 aquí hubo una reforma, con la Ley 789, que abarató los costos laborales y supuestamente generaría empleo y acabaría con la informalidad. Pero no ocurrió ninguna de esas dos cosas. Lo claro de esto es que, efectivamente, bajar los costos laborales no supera la informalidad ni incrementa el empleo.

(Mintrabajo investiga denuncias de casos de abuso laboral y sexual). 

Entonces hay que buscar otras alternativas, que son las que estamos proponiendo desde el Gobierno: como un desarrollo distinto para el país en primera instancia, con la industrialización, con el campo como motor de desarrollo, acompañamiento de la asociatividad, de la economía solidaria y popular, una dinámica clara del Presupuesto General de la Nación, y además de esto, una política de microcréditos que efectivamente ataque el ‘gota a gota’ que tanto daño le hace a las microempresas de este país.

Algunos expertos han hablado de que la reforma se centra mucho en los que ya son formales, incluso de un ‘sindicalismo insider’, ¿qué enfoque hay para los desempleados y los informales?

La reforma laboral no busca nada distinto a que se aplique la Constitución Política Nacional. El artículo 25 dice que en Colombia el trabajo es un derecho fundamental, pero además dice que hay que garantizarlo independientemente de la modalidad que asuma; tenemos el artículo 48 que habla de la Seguridad Social y de igual manera el 53, sobre los principios de una relación laboral.

Aquí lo que estamos es ajustando a la jurisprudencia que ya está por parte de la Corte Constitucional además con claridad de los convenios internacionales y de las recomendaciones que se nos ha hecho la OIT.

Lo que está allí, las garantías, no es un invento. Es el reconocimiento de unos derechos en términos generales, y todo lo que tiene que ver con el trabajo colectivo es simplemente el desarrollo de los artículos 54, 55 y 56 de la Constitución Política Nacional y de la sentencias de la Corte que ya se han pronunciado en ese sentido.

En relación con la reforma pensional, ¿cuáles son las ventajas de un sistema de pilares?

Lo primero, es que cambia un sistema que tiene hoy dos regímenes paralelos, que están en competencia y no cumplen con la función de pensión, a un régimen unificado, complementario y garantista para los ciudadanos de Colombia. Esto lo hacemos a través de los cuatro pilares.

Un pilar solidario va a permitir que efectivamente más adultos mayores tengan la posibilidad de un beneficio para vivir con dignidad esa última etapa de su vida, esto garantizado con el Presupuesto General de la Nación. Un segundo pilar es el semicontributivo, que acoge a las personas que cotizan al sistema, pero nunca llegan a la pensión. A ellos no les vamos a devolver lo que hayan cotizado como hoy se hace, sino que lo transformamos en una renta vitalicia.

(Gobierno radicó la reforma pensional ‘Cambio por la vejez’). 

El tercer pilar es el contributivo, donde hay un buen debate. Este es un pilar que fortalece el sistema público, e invitamos a que todos los colombianos y colombianas hasta tres salarios mínimos para que coticen en Colpensiones y de tres salarios mínimos en adelante, el excedente se cotizará a un fondo de ahorro individual. Así, de manera responsable con la regla fiscal, manejaremos y controlaremos un poco el pasivo pensional y garantizaremos que ningún colombiano que tenga ese derecho se le deje de pagar.

Finalmente, el cuarto pilar, el voluntario, es para todos los colombianos con posibilidad de un ingreso mayor y que puedan aportar para una pensión mayor, pues van a tener la pensión del sistema público más lo que hayan podido ahorrar.

¿Qué otros elementos destaca del proyecto?

Y también tenemos un bono especial para las mujeres, que es un reconocimiento al cuidado por cada hijo criado, y hasta tres hijos, son 50 semanas de reconocimiento en su tiempo de cotización. Pienso que es una medida muy profunda, que ojalá podamos extenderla a mucha más cobertura y vamos avanzando.

(Ministra de Trabajo responde a las críticas sobre la reforma laboral). 

A ningún colombiano se le quitarán sus derechos. Todo lo contrario, respetaremos los derechos adquirido. Habrá un período de transición para que los que se quieran pasar lo hagan de manera voluntaria después de haber tenido la doble asesoría. Y finalmente, no se tocarán los ahorros de la gente. Esto solamente vendrá al sistema cuando cumpla los requisitos de pensión y serán utilizados para ese punto en exclusividad.

Las AFP han criticado que perderán participación con el nuevo esquema pues 90% de sus afiliados pasaría a Colpensiones, ¿es viable un cambio en el pilar contributivo?

No. Hemos hecho una propuesta que está totalmente equilibrada y en correspondencia con las posibilidades fiscales del país. Claro que Asofondos se impacta, porque de las personas que tienen allí, el 83% está en este rango de aportes. Pero esto tiene unas compensaciones, por ejemplo, van a manejar todo el excedente de 3 salarios en adelante y además también van a tener la posibilidad del Ahorro Voluntario.

Esto hay que compartirlo, los $360 billones que hoy maneja Asofondos a través de sus portafolios, de los cuales el 60% está en bancos en el exterior y el otro 40% está en Colombia, es necesario que el país sepa que los necesitamos aquí para que produzcamos en inversiones, más trabajo, más empleo y más cotizantes.

¿El fondo para el ahorro que propone la reforma compensará ese mercado que manejan los fondos?

Desde luego. La reserva que estamos colocando es justamente para garantizarle al sistema que en un mediano plazo va a tener la estabilización financiera que le va a permitir responder por sus compromisos.

Algunos centros de estudios, como Anif, aseguran que el proyecto no sería viable fiscalmente, y que se duplicaría el pasivo pensional, ¿cómo se puede financiar esto con un sistema de reparto?

En los cálculos que hace Anif hay que tener presente dos cosas. Es cierto que si aumentan los afiliados de 6 millones a 22 millones tiene que haber un crecimiento del pasivo. Lo que no dice Anif es que tiene que haber un flujo distinto de cómo se va a ir desacumulando ese pasivo, poco a poco, en la medida en que las personas cumplan sus requisitos. Pero además, tenemos todos los bonos pensionales, que aún se están redimiendo. Estamos ampliando una base de cotización al sistema que se va a nutrir con todo el potencial que tenemos de nuevos empleados y estos nuevos empleos se generan por un modelo de desarrollo económico distinto. Anif parte de un supuesto de que esto es estático y de que no va a mejorar.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO