POR:

marzo 26 de 2023 – 08:00 p. m.

2023-03-26

2023-03-26

El superintendente financiero, Jorge Castaño, dijo que el sistema financiero colombiano ha demostrado solidez para mitigar los impactos de la coyuntura bancaria internacional.

Según el funcionario, los buenos niveles de liquidez y solvencia y el monitoreo permanente han sido elementos que permiten tener un sector preparado para afrontar posibles choques, que de todas maneras no se han presentado.

(Cartera de créditos continúa desacelerándose). 

Además, reveló que a partir de septiembre de 2022 se observó una aceleración en los indicadores de deterioro del crédito, por lo que fue indispensable realizar un monitoreo permanente.

Por eso, dijo el funcionario, previendo “la desaceleración económica y una inflación persistente en 2023, durante 2022 se promovió la sana originación de la cartera de consumo”.

El funcionario habló durante la reunión del Consejo Monetario Centroamericano en donde dijo que entre los principales elementos que permiten ver la capacidad de sector están el Indicador de Riesgo de Liquidez a 30 días que está por encima del 200%, el Coeficiente de Fondeo Estable Neto (Cefen) Grupo 1 cuenta con un indicador de 109%.

Dicho indicador promueve el crecimiento de la cartera con un fondeo de mayor estabilidad.Además, dijo que hay una limitada exposición de los establecimientos de crédito a la quiebra del banco suizo Credit Suisse, pues no hay inversiones directas y se presenta una exposición baja en derivados.

(Mala cartera de créditos baja por los buenos hábitos de pago). 

En los Fondos de Inversión Colectiva no hay exposiciones directas y una posible volatilidad en el mercado accionario.

En los fondos de pensiones y cesantías se observa una exposición directa baja a Credit Suisse y una posible volatilidad en fondos representativos de índices accionarios internacionales.

Asimismo, aseguró que el cálculo del impacto de la inflación sobre los créditos de vivienda en UVR permitirá ofrecer alternativas individualizadas para los hogares.

Y en ese sentido aseguró que “es necesario diseñar un mecanismo de cobertura que ampare la diferencia en la cuota que se origine por variaciones anuales de la UVR y exceda un umbral predefinido”.

Incluso, ante la coyuntura de alta inflación, que golpea a las familias que tienen créditos hipotecarios denominados en Unidad de Valor Real (UVR), varias entidades bancarias que ofrecen ese tipo de obligaciones han estado cambiándoles a las más afectadas la tipología a tasa fija.

Dentro de las medidas adoptadas en 2022 por la Superfinanciera se encuentran prevenir la propagación del riesgo sistémico diseñando medidas individualizadas que permitan contener el contagio y además el fortalecimiento del balance haciendo proyección de las provisiones y planificación de las necesidades de capital y liquidez de las entidades

Castaño reveló que se realizaron ejercicios de estrés sobre las subsidiarias de Bancolombia y Davivienda en Centroamérica y se demostró que hay colchones adecuados de capital en cada jurisdicción y en el holding en Colombia.

Un análisis de Moody’s Investors dice que “en Latinoamérica, el seguro de depósitos cubre en promedio US$45.000 por depositante en cada institución, con alta cobertura en México (US$167.000 por persona) y una baja cobertura en Colombia de US$12.300 por persona”.

(‘Bancoomeva compra cartera al 20% y baja tasas de tarjetas’). 

Sin embargo, dice que al considerar el seguro de depósito de cobertura por PIB per cápita, “la región tenía la mayor cobertura de seguro de depósitos de más de 5 veces a diciembre de 2021, en compara- ción con 1,4 veces en Asia-Pacífico y 1,6 veces en los EE. UU., lo que muestra la alta granularidad de los depósitos bancarios, un factor que podría

limitar los riesgos de liquidez en la región”.

En Colombia el seguro de depósitos del Fogafín cubre hasta $50 millones por depositante, mientras que en las cubiertas por el el Fogacoop cubre hasta $25 millones.

PORTAFOLIO

POR:

marzo 26 de 2023 – 08:00 p. m.

2023-03-26

2023-03-26

El país se encuentra en medio de la discusión de si se requieren o no nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas. Si bien el gobierno de Gustavo Petro ha sostenido que no se otorgarán por el momento, en días pasados los Ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Comercio señalaron que con base en el Informe de Recursos y Reservas que presentará la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en mayo se usará para tomar futuras determinaciones.

(Las críticas de César Gaviria a la política energética del Gobierno). 

Dentro de los varios factores que tomarán en cuenta las carteras están la vida útil de las reservas y el estado de los contratos ya otorgados.

Por esto, toman relevancia cifras como la de trámites de cancelación de contratos. En los últimos 12 años se han otorgado 162 contratos petroleros y se han iniciado trámites de cancelación de 67, según cifras de la Agencia. Esto quiere decir que por cada 2,4 contratos entregados en este rango, otro ya vigente ha pedido terminación.

De acuerdo con la entidad, el país tiene 330 contratos firmados para la exploración y producción de petróleo y gas, de estos, la cartera de Minas y Energía ya ha señalado que buscará reactivar cerca de 32 contratos que se encuentran detenidos, por motivos principalmente de orden social.

Las terminaciones de contratos de hidrocarburos son un proceso normal dentro de la asignación misma de áreas. Estos responden a motivaciones sociales, ambientales, de orden público o discrecionalidad de las compañías.

Durante 2022, por ejemplo, se asignaron 32 contratos y de igual forma se iniciaron trámites de terminación para otros 9.

(Crece conflictividad en zonas petroleras y mineras del país).  

Andrés Bitar, vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH afirmó durante su participación en Colombia genera que “algo como industria estamos haciendo mal si, por un lado adjudicamos unos contratos, pero al tiempo estamos recibiendo solicitudes de terminación”.

Explicó que si bien es normal que haya terminaciones, lo cierto es que esto también refleja una serie de retos de socialización en las regiones, con el fin de que las comunidades reconozcan los aportes de las compañías y los beneficios que se pueden brindar a las zonas aledañas.

Ahora bien, al analizar los datos se evidencia que desde 2012 se han pedido entre una y 13 terminaciones por año, siendo 2018 cuando se alcanzó el máximo de solicitudes.

Desde entonces ha habido alzas y bajas en estas; por ejemplo, en 2022 se pidieron nueve y en lo corrido de este año ya va una.

Este es el caso de Emerald Energy que enfrentó una situación de orden público, notificó a la ANH la solicitud de suspensión del contrato de exploración y producción Ombú, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022.

De los 67 contratos que desde 2012 están en terminación, 52% de estos se explican por dos motivos: fase vencida y autonomía del contratista, siendo las causales de 18 y 17 de las solicitudes respectivamente.

Bitar apunta que en el caso de fase vencida, este hace referencia a los casos en los que las petroleras tienen compromisos pendientes una vez terminó su fase, por lo que la ANH hace un seguimiento de este.

(Las cartas con las que Emerald buscó evitar toma de campo petrolero). ​

“El contrato establece que si se vence el plazo sin presentarse un aviso de descubrimiento, programa de evaluación o declaración de comercialidad, este queda inmerso en esta causal”, aclaró.

Por su parte la autonomía del contratista refiere a la libertad que tienen las compañías de dar por terminado un contrato por motivaciones internas a renunciar al área.

De hecho, bajo esta causal fue que Emerald Energy renunció al área que tenía asignada en San Vicente del Caguán.

Con respecto a las situaciones de orden público, la Agencia reconoce una serie de categorías referentes a estas dificultades. Solo las situaciones de orden público han significado ocho de las solicitudes.

Por su parte, la categoría de orden público y conflictividad social ha significado una cancelación desde 2012. Ahora, las situaciones de orden público y restricciones ambientales han llevado a la terminación de uno.

Otra categoría que reconoce la ANH es la conflictividad social, que ha llevado a un caso. Por su parte la conflictividad sumado a restricciones ambientales ha significado tres.

Bitar resaltó que el gobierno sigue trabajando en viabilizar los contratos que ya hoy están suscritos. Para esto, se han destinado cerca de $45.000 millones cada año por los próximos cuatro años para lograr que los que ya están puedan producir. Esto para el caso, por ejemplo de los contratos que están suspendidos y que anunciaron que buscarían sacar adelante.

Emerald Energy notificó a la ANH la solicitud de suspensión del contrato de exploración y producción Ombú, en Caquetá, que a través del campo Capella tuvo una producción de 1.939 barriles por día durante el 2022. El Ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que el Gobierno “revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de la empresa y realizará conversaciones del más alto nivel con la Embajada China y la empresa para buscarle una salida al conflicto”.

DANIELA MORALES SOLER

PORTAFOLIO